La educación financiera en España: una perspectiva social

Alejandro Gutiérrez Gil

Con la crisis económica y financiera, numerosos investigadores, economistas y público en general se ha pronunciado acerca de las causas y consecuencias de la citada crisis. En sus factores de riesgo, la perspectiva social ha quedado muy marcada, dando lugar a una crisis social en toda regla. Parece que la situación va mejorando muy lentamente, fruto más del propio avance en sus etapas del ciclo económico que de las medidas adoptadas. No obstante, debemos ir pensando qué depara el futuro y qué cosas han de cambiar para que no se vuelva a repetir una situación similar, o al menos, en tal grado de profundidad.

Es necesario conocer el porqué de la crisis, y estamos viviendo sus efectos, pero hay que iniciar todo un proceso de cambio de pautas de comportamiento. Ante la variable hipotéticamente más fácil de controlar, como es la económica (medidas para el crecimiento, para el fomento del empleo…) están otras que son igual de importantes aunque más difíciles de manejar y predecir. Las expectativas así como el comportamiento de los agentes juegan aquí un papel crucial. Debemos pues poner de nuestra parte todos los agentes económicos y corregir aquellas cuestiones que podamos hacer por nosotros mismos para mejorar nuestra economía.

A lo largo de la crisis económica se ha puesto de manifiesto en numerosos debates el nivel de educación financiera que tiene el público en general. En nuestro país, antes de la crisis, parte de los ciudadanos que se endeudaban lo hacían sin conocer muy bien las consecuencias que conllevaban tales prácticas (pensando que la vivienda nunca bajaría de precio) al igual que no se conocía qué productos se contrataban en las entidades bancarias para depositar los ahorros personales. Muchos ahorradores no conocían que al final de su plan de pensiones tenían que pagar unos impuestos al rescatar el capital, o incluso se solicitaban los créditos a pesar de que no se sabía muy bien que era aquello del Euribor.

Según la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU) en su estudio sobre Conocimiento, uso y percepción de los productos de ahorro e inversión por los españoles en 2009, un tercio de los mismos se siente nada informado, mientras que solo el 6,1% se siente totalmente informado. El no disponer de información y no conocerla, es la segunda causa de la no contratación de un producto habitual de ahorro (deposito, fondo de inversión, acciones…). Los grupos más desfavorecidos: mujeres, jóvenes y ancianos, así como grupos con menores estudios y escasa capacidad de ahorro. Precisamente ellos son los que menos contrastan la información disponible.

Según el Observatorio Inverco, en su barómetro de 2009 sobre el perfil sociocultural del inversor, existen diferencias entre grupos de edad y sexo. El hombre parece estar mejor formado en un nivel intermedio-alto, y a medida que aumenta la edad aumenta la falta de educación financiera, siendo la tercera edad el grupo social más vulnerable en este aspecto, como está quedando reflejado en nuestro país.

La falta de educación financiera parece ligeramente notable, a pesar de las medidas que ya se empiezan a poner en práctica en las escuelas o programas que ha aprobado el Banco de España. Aun así, parece necesario afrontar con especial interés los grupos que ya han sido afectados y que tienen mayor riesgo social en estas operaciones. De hecho, se está viendo con la crisis que las prioridades en la tenencia del ahorro están cambiando. Detrás existe una explicación económica y social: algo que podemos entender como un ciclo de vida social del ahorro.

Es destacable el 14,6% a las edades de 65 años y más, dedicados a gastos extraordinarios o imprevistos. La situación que vivimos está cambiando las pautas de comportamiento y las expectativas en las diferentes  generaciones. Por la crisis, algo tan importante en economía como el ahorro, y por tanto el consumo, se está viendo modificado como bien reflejan los datos, tanto cuantitativa como cualitativamente en su composición.

De 2009 a 2011 la partida obtener rendimientos del ahorro casi ha desaparecido y el porcentaje dedicado a imprevistos se ha duplicado.

En términos generales, la educación financiera no está muy desarrollada en España, al menos hasta la crisis, donde tiene su auge, como medida correctora de la situación que se ha producido. Las pautas de comportamiento social frente al ámbito financiero están variando, sobre todo en la tercera edad. Este colectivo así como mujeres y personas con escaso nivel de estudios son los más vulnerables y en los que debemos centrar las actuaciones a realizar. Con esto se está identificando unas pautas que son corregibles para mejorar la educación financiera general, y aún más importante, evitar situaciones como las que vivimos de cara a futuras crisis económicas.

La reforma tributaria de los expertos y sus repercusiones sobre el bienestar social

Guadalupe Correa Lopera 

Hace algo más de una semana ha sido publicado el documento que el Ministerio de Hacienda había encomendado realizar a un comité de expertos acerca de una reforma tributaria. A grandes rasgos, lo que la citada reforma plantea son rebajas de los impuestos directos (IRPF e impuesto de Sociedades) a cambio de incrementos de impuestos indirectos (IVA, impuestos medioambientales, impuestos especiales e impuesto sobre vivienda). El objetivo primordial de esta reforma, tal y como el propio informe establece, es incrementar la recaudación para tratar de reducir el déficit público. Cabe la posibilidad de que un ciudadano cualquiera, al que la información sobre una propuesta de este tipo le llega a través de los medios de comunicación, se quede en el mero hecho de que con ella se pretenden engrosar las arcas públicas. Ahora bien, en este blog, como futuros economistas que somos, intentaremos ir un poco más allá en el análisis de esta posible reforma tributaria. Concretamente, nos centraremos en las repercusiones que sobre la eficiencia social tiene un planteamiento como éste, según el cual se reducirían los impuestos directos y se aumentarían los indirectos.

Desde el primer año de carrera, hemos venido estudiando que los efectos de la imposición directa sobre la eficiencia social son bastante más positivos que los ocasionados por los impuestos indirectos; razón ésta por la que se aboga por el establecimiento de los primeros. Y es que, los impuestos indirectos provocan en la sociedad una pérdida irrecuperable de eficiencia (también conocida como exceso de gravamen).

Para efectuar nuestro análisis, consideraremos el concepto de impuesto indirecto como un impuesto que recae sobre la compraventa de un bien. De este modo, un impuesto como éste provoca un diferencial entre el precio pagado por los consumidores y el precio recibido por los productores: mientras que el precio pagado por los consumidores aumenta, el precio que reciben los productores disminuye, y la diferencia entre ambos precios es igual al impuesto por unidad. Pero, además del coste que supone el pago de este importe al Estado, existe un coste adicional: la pérdida irrecuperable de eficiencia (PIE) que genera, porque se produce y se consume una cantidad del bien menor que si no existiera el impuesto. Como consecuencia, algunas transacciones que beneficiarían tanto a consumidores como a productores no tendrán lugar. A efectos de calcular con precisión la citada pérdida de eficiencia, utilizaremos los conceptos de excedente del consumidor (EC) y excedente del productor (EP), cuya suma representa el excedente total (ET) o bienestar total de la sociedad. Para que resulte más intuitivo, efectuaremos el análisis gráficamente.

En este primer gráfico representamos la cantidad y el precio de equilibrio antes del impuesto:

Donde S representa la oferta y D la demanda que de un determinado bien se realiza en el mercado.

Así, el bienestar total que recibe la sociedad es igual a la suma de las áreas de los triángulos representativos del excedente del consumidor y del excedente del productor.

Por el contrario, en el siguiente gráfico se representa la situación después de aplicar el impuesto indirecto:

Así, es posible observar cómo, ante el establecimiento de un impuesto indirecto, el excedente del consumidor se ve reducido con respecto a la situación anterior en una cuantía igual a A+B, mientras que el área representada por C+F ilustra la reducción que experimenta el excedente del productor. Pero, además de estas reducciones del bienestar total, nos encontramos con que el impuesto provoca una pérdida irrecuperable al crear una ineficiencia: el área rayada (B+F) representa el excedente total que se habría obtenido de las transacciones que finalmente no se han llegado a producir como consecuencia de ese impuesto.

Sin embargo, pasando ya a analizar los impuestos directos que se pretenden reducir, esto es, IRPF e impuesto de Sociedades, cabe señalar que se trata de impuestos que además son progresivos, es decir, que a medida que aumenta la base liquidable del impuesto, el tipo impositivo aplicable es cada vez mayor. Así, los ciudadanos recibirán un tratamiento impositivo diferenciado en función de cuál sea la cuantía de su renta, o dependiendo de cuáles sean los beneficios obtenidos por su empresa (es lo que recibe el nombre de equidad vertical). Ello pone de relieve que, con los impuestos directos, la única pérdida de utilidad sufrida por los individuos es la que deriva del pago del impuesto en cuestión. Sin embargo, en esta situación, no se generaría ninguna pérdida irrecuperable de eficiencia que hiciera decrecer el bienestar social en una cuantía adicional, puesto que no hace que se reduzca el número de transacciones que tienen lugar en el mercado.

Mi intención con el presente artículo y el análisis en él realizado era, como ya mencioné anteriormente, hacer pensar acerca de la verdadera conveniencia o no de llevar a cabo una reforma tributaria en la que se promueva la reducción de los impuestos directos a cambio de aumentar los indirectos. Como hemos podido observar, la combinación de disminución de impuestos de carácter directo, que son los que en mayor medida respetan el principio de equidad, junto con el aumento de impuestos indirectos, los cuáles ocasionan una pérdida irrecuperable de eficiencia, tendría consecuencias muy negativas para con el bienestar total de la sociedad, lo que permite poner en entredicho la idoneidad de la propuesta realizada por el comité de expertos.