La reacción de la Guardia Civil ante el
intento llevado a cabo el pasado 6 de febrero por un grupo de inmigrantes
marroquíes de cruzar a nado el espigón ubicado junto al paso fronterizo que
separa Ceuta de Marruecos está dando mucho que hablar, y, casi con total
seguridad, ésta será la tónica general durante los próximos días, tanto por el hecho
de que la Comisión Europea ha tomado cartas en el asunto exigiendo a España explicaciones
por el fallecimiento de 15 inmigrantes, como por la posible reavivación del
controvertido tema de la inmigración. Me gustaría dejar claro desde el
principio que con este artículo nadie pretende poner en tela de juicio la
precaria situación que se vive en los países de origen de estas personas,
siendo evidente que necesitan de la ayuda de terceros países. No obstante, al
margen de la visión moral de este fenómeno, vamos a tratar de explicar si,
desde un punto de vista estrictamente económico, resulta viable que un país
acoja a todos y cada uno de los inmigrantes que se aproximen a sus fronteras
con la intención de acceder a su territorio.
Para procurar una mejor comprensión del
fenómeno de la inmigración, vamos a establecer un símil entre lo que ocurre en
la economía de un país y un auditorio. Imaginemos que el auditorio tiene
capacidad para 200 oyentes. No obstante, el público actual se cifra en 160
personas, quedando todavía 40 plazas vacantes. Así, parece evidente que a los
160 individuos que ya estaban dentro del auditorio, la entrada de 40 personas
adicionales no les supone ningún tipo de problema; cada uno de esos 40 agentes
tiene a su disposición un asiento. La entrada del número exacto de personas con
el que se alcanza el aforo máximo únicamente trae consigo, desde mi punto de
vista, consecuencias positivas, en el sentido de que no ocasiona ningún trastorno
al resto de oyentes (no reduce su nivel de bienestar) y la felicidad del conferenciante
incrementa al ver que ha logrado atraer a todo el público necesario como para
llenar el auditorio.
Si trasladamos esta situación a una
economía real, nos encontramos con que, en un principio, la entrada de
inmigrantes a un país traería consigo una mejora general de la economía. En
primer lugar, porque proporcionan mano de obra barata para determinados
trabajos que requieren de un escaso nivel de cualificación y que difícilmente
serían realizados por los trabajadores nacionales, lo cual permite que tales trabajos
se sigan desempeñando con relativa normalidad, favoreciendo así el crecimiento
económico (aumento del PIB) y el aumento de las cotizaciones a la Seguridad
Social. A su vez, en el mercado de trabajo se produce un incremento de la oferta
de mano de obra. Así, el número de trabajadores que compiten entre sí por conseguir
un empleo es ahora mayor, lo que ocasiona una contención de los salarios. Si
bien es cierto que los efectos del establecimiento de obstáculos al crecimiento
del nivel salarial pueden parecer exclusivamente negativos a primera vista,
sería conveniente ver este fenómeno en el sentido de que posibilita una
reducción de los costes de producción, de tal manera que los productos
fabricados serían más competitivos, y, a largo plazo, lo verdaderamente
interesante es disponer de una economía competitiva capaz de hacer frente a la
competencia exterior. Además, podemos señalar que la idea de que cuánto más
altos sean los salarios mejor será la situación económica no tiene porqué ser
siempre cierta, puesto que salarios más altos también implican un nivel de
precios superior, con los consecuentes efectos negativos que una elevada
inflación trae consigo.
Otro de los beneficios más destacables de
la inmigración es que contribuyen al rejuvenecimiento de la población; factor
éste de vital importancia en una economía como la española, donde, según las
últimas proyecciones de población elaboradas por el INE, de mantenerse en un
futuro las actuales tendencias demográficas, la propia estructura de la
población española nos llevaría a un escenario de pérdida progresiva de
habitantes en las próximas décadas, sin olvidar la delicada situación en la que
se encuentra actualmente nuestro sistema de pensiones de jubilación.
De este modo, observamos cómo, al igual
que los primeros ocupantes del auditorio no se ven perjudicados por la entrada
de otros tantos que tienen su asiento disponible, una economía, cuando se
encuentra en un momento favorable y de crecimiento, tampoco se ve afectada
negativamente por la inmigración.
Ahora bien, ¿significa esto que la
entrada al auditorio del agente número 201 se traduce inmediatamente en un
efecto negativo para el resto? Bajo mi punto de vista esto no es así. Y es que,
todo va a depender del modo en que ese oyente adicional se adapte en el
entorno: obviamente, si esa persona entra al auditorio y, ante la falta de asientos
libres, se coloca de pie en primera fila, estaría ocasionando un grave
perjuicio al resto de oyentes al obstaculizarles claramente la visión. Sin
embargo, si ese individuo se queda de pie en la última fila, justo detrás de
todas las butacas, no causaría ningún tipo de problema al resto.
Así, en una economía real, seguiría
siendo factible la entrada de inmigrantes siempre y cuando continúen desempeñando
sus trabajos de tal manera que no ocasionen un desplazamiento de la mano de
obra local, y contribuyan al sistema de la Seguridad Social para justificar los posteriores
beneficios que tanto del sistema educativo como del sanitario puedan percibir.
Sin embargo, llegará un momento en el que
incluso la última fila del auditorio estará completa y no será posible la
entrada de más oyentes que puedan permanecer de pie al fondo sin molestar a los
demás. En esta situación, la entrada de un agente adicional sí implicaría ya
una reducción del nivel de bienestar de los primeros ocupantes de la sala.
Podría decirse, de este modo, que nos encontramos ante un problema de congestión.
Para ver con más claridad en qué consiste este proceso, nos fijaremos en el
siguiente ejemplo.
Imaginemos el caso de una oficina de
correos, a la que una sucesión de personas va llegando, y donde cada una de
ellas requerirá determinados servicios; algunos serán largos, como por ejemplo
enviar un paquete, y otros cortos, como comprar un sello. Cada cliente puede
encontrar el mostrador libre al llegar, o por el contrario, puede verse
obligado a tener que hacer cola detrás de un cliente que está siendo atendido. Los
clientes que sigan llegando formarán una cola detrás de los clientes que ya se encontraban
en el interior de la oficina. Pues bien, en el caso de que exista
irregularidad en el proceso de llegada de los clientes, o en la longitud de
tiempo que se requiere para proporcionarles los servicios que demandan,
aparecerán períodos de congestión durante los cuales se formará una cola con
los clientes que están esperando.
Si trasladamos este ejemplo a una
economía real, es posible percibir que los esfuerzos por querer absorber a
todos los inmigrantes ilegales que llegan a un determinado país pueden acabar
impactando negativamente sobre los recursos económicos del mismo. Y es que, el aumento del gasto público
combinado con la ausencia de aportaciones al sistema de la Seguridad Social en
el caso de los empleos ilegales, puede poner en peligro la pervivencia futura
del Estado del Bienestar, principalmente en sus vertientes sanitaria y
educativa. Asimismo, puede ocurrir que se produzca una disminución de la calidad
de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos de un país. Es posible establecer
un símil entre esta situación y lo que ocurriría a nivel educativo: una clase en
la que el profesor tenga sólo 20 alumnos presenta una mayor productividad que otra
en la que haya el doble de estudiantes.
Con todos los anteriores argumentos, me siento
capaz de afirmar que el problema no reside en el hecho de que una serie de
inmigrantes entren a un país, puesto que, como hemos visto, este fenómeno tiene
repercusiones positivas para la economía si viene acompañado de una situación
de regularidad del empleo y siendo el flujo de llegada más o menos constante.
El verdadero problema aparece cuando lo que se produce es una inmigración
masiva y sin ningún tipo de control administrativo, en cuyo caso no resultaría
económicamente factible para un país asilar a tantos inmigrantes como lleguen
al mismo, originándose así una situación de congestión de la economía.
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